La incapacidad de la Autoridad Nacional (APN) de Perú y la agencia estatal ProInversión para decidir si concesionan o no como paquete tres puertos fluviales, corresponde al último de una serie de retrasos que han afectado la ejecución de los 12 proyectos prioritarios del gobierno.
ProInversión es el chivo expiatorio favorito para las demoras en esta y otras iniciativas. Es recurrente que la agencia sea criticada por ser lenta y burocrática, por no redactar contratos de concesión sin errores, por no incluir cláusulas de supervisión lo suficientemente estrictas; de hecho, por casi todo lo que salga mal.
En diciembre del año pasado el gobierno seleccionó 12 proyectos como parte de su plan anticrisis. Del total, solo tres se han adjudicado: el puerto de Paita, en la Región Piura; la planta de tratamiento de aguas residuales Taboada de la capital, Lima; y la concesión vial Autopista del Sol II. De estas tres, solo el proceso de la carretera se ejecutó según el cronograma y sin mayores inconvenientes. La algarabía generada por los otros dos proyectos todavía resuena.
Superación de obstáculos
El caso de la planta de tratamiento de aguas residuales Taboada demuestra claramente los tipos de dificultades que ProInversión ha tenido que enfrentar.
Cuando se adjudicó la concesión a la empresa española ACS en febrero, el consorcio que había presentado originalmente el proyecto -ncabezado por la brasileña Odebrecht- impugnó la decisión con el argumento de que la propuesta adjudicataria no permitía la reutilización del agua, mientras que la suya sí lo hacía. Sin embargo, la firma decidió retirar el recurso de impugnación contra ProInversión, antes de que se tomara cualquier acción.
Se requirió la intervención de la Contraloría General de la República, que finalmente aprobó el proceso, para apaciguar la lluvia de críticas, pero no sin antes darle la oportunidad de tener un festín a la prensa local y que ProInversión se viera obligada a hacer de chivo expiatorio.
Lo que muchas personas no sabían o, en algunos casos, optaron por ignorar, fue que cuando la agencia recibió el proyecto para construir la planta de tratamiento en la bahía de Callao, se vio enfrentada a una iniciativa de gran notoriedad que carecía de un proyecto de ingeniería final y del estudio de factibilidad. La tecnología que se debía usar no estaba definida y las diversas propuestas de tratamiento no se habían modificado para cumplir con las nuevas normas de calidad.
Cerrar brecha en infraestructura
Perú está aumentando un déficit en infraestructura que cada vez se hace más urgente abordar. Este llegó a US$37.760 millones en el 2008, mientras que la brecha de inversión entre el 2005 y el año pasado creció un 65%, de acuerdo con un estudio realizado este año por el Instituto Peruano de Economía (IPE).
En el Informe sobre Competitividad Global 2007-2008, compilado por el Foro Económico Mundial, Perú se ubicaba en el último lugar en términos de infraestructura en Latinoamérica y en el número 110 de los 134 países estudiados.
La demanda de infraestructura está creciendo en forma constante y, si el país quiere competir en el ámbito mundial, tendrá que solucionar el origen de los retrasos en los proyectos y dejar de perder tiempo en difundir rumores y realizar maniobras políticas.
Otros proyectos del plan del gobierno que han sufrido demoras son la concesión del puerto de Pisco, en la región Ica; la carretera IIRSA Centro, que se está rediseñando; el segundo paquete de aeropuertos regionales; el puerto de Salaverry, en la región La Libertad, que está generando protestas de la población; y las iniciativas de riego Majes Siguas II y Chavimochic.
Cada uno de estos proyectos tendrá un efecto significativo sobre el desarrollo del país, motivo por el cual fueron escogidos como iniciativas prioritarias en primer lugar, pese a que cada uno ha sufrido retrasos provocados por la necesidad de ajustar detalles de los contratos o, en algunos casos, volver a la etapa de planificación. Esto es inaceptable en un país que se considera la nueva promesa de la región latinoamericana.
En primer lugar, el gobierno debe invertir más recursos en los estudios necesarios para ejecutar de manera exitosa proyectos complejos de gran envergadura. Las autoridades también deberían incentivar estudios de pre- y posgrado en ingeniería para asegurar que se cuenta con una fuerza laboral capacitada en el país. Además, el gobierno debería tener una estrategia para atraer a estos ingenieros a las obras públicas, donde su experiencia se puede poner en práctica en pro del bien común.
Por último, lo más importante de todo, las autoridades deben dejar de lado las consideraciones políticas y elaborar planes de desarrollo a largo plazo con objetivos que estén por sobre los mandatos presidenciales.
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